DATOS Vs. PREJUICIOS I

Por Raúl Kollman

Cuando Mauricio Macri le echa la culpa de lo ocurrido en Villa Soldati a “una política migratoria descontrolada”, lo que está reclamando es un modelo que, además de injusto, fracasó en todo el mundo: las políticas migratorias restrictivas.

Para colmo, Macri se afirma en una distorsión total de la realidad. En la Argentina no hay más inmigrantes que antes, sino menos. Y ni hablemos si se comparan las proporciones actuales con las del siglo pasado, cuando hubo tiempos, como en 1910, en que vivían en Buenos Aires más extranjeros que personas nacidas en el país. De acuerdo con el censo de 1960, un 13 por ciento de los habitantes de la Argentina eran extranjeros. En el censo de 2001 el porcentaje de extranjeros bajó al 4,2 por ciento y se calcula que hoy en día –habrá que ver el reciente censo– la proporción bajó aún más.

También la asociación de inmigración con delito, además de fomentar la xenofobia, es falsa: en las cárceles bonaerenses hay 902 extranjeros sobre una población total de 30.100 presos, es decir el tres por ciento, menos que la proporción de extranjeros que viven la Argentina.

MERCORSUR: Mauricio Macri es hijo de un inmigrante que aún hoy habla mitad castellano, mitad italiano. No es aquella inmigración la que cuestiona, sino la de los países limítrofes. Sin embargo, esto pega en el centro de la mayor estrategia de desarrollo del país en las últimas décadas, el Mercosur. De la misma manera que la Unión Europea implicó necesariamente la libertad absoluta de tránsito y residencia entre los países, el Mercosur y, tarde o temprano, la Unasur, también implican la libertad de tránsito y asentamiento de los ciudadanos de todos los países miembros. El Plan Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, denominado Patria Grande, permitió que 423.000 personas, originarias de los países del Mercosur y asociados, presentaran la documentación para lograr la residencia en la Argentina. Esto está incluido explícitamente en un acuerdo de residencia firmado en 2002, antes del gobierno de Néstor Kirchner, que permite a los nacionales de los integrantes del bloque obtener la radicación en cualquiera de los países del Mercosur o asociados. No es casual que los tres fallecidos en Villa Soldati, Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Castañares Quispe, tuvieran una situación regularizada como inmigrantes, con los papeles presentados –incluyendo certificados de buena conducta– ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Hablar de una “política migratoria descontrolada” no sólo es echarles la culpa de lo ocurrido a los ciudadanos originarios de los países limítrofes, sino rechazar la política acordada por el Mercosur e ir a contramano de las estrategias de integración que se están desplegando en varias regiones del mundo. Es más, el Mercosur todavía está lejos de lo logrado en la Unión Europea, donde lo único que hace falta para que un nacional de España, por ejemplo, pase a residir en Alemania, es que registre su dirección en el pago de impuestos. Como cualquiera sabe, el ciudadano de la UE puede trabajar en todos los países que integran la Unión.

MANO DE OBRA BARATA: Las políticas de inmigración restrictivas, como la que ahora sugiere el jefe de Gobierno porteño y era el espíritu de la anterior ley, conocida como la Ley Videla, en honor al dictador del Proceso, no frenaron ni frenan la inmigración. El efecto real que producen es que los extranjeros que llegan al país se convierten en ilegales y, por lo tanto, en mano de obra barata, superexplotada y condenada a trabajar en negro en las peores condiciones.

Según coinciden los especialistas, durante el Proceso la política migratoria era restrictiva, resultaba muy difícil conseguir la residencia en el país y al mismo tiempo tampoco se impulsaba la expulsión de los inmigrantes ilegales. “¿Usted cree que en Estados Unidos quieren expulsar a los dos millones de mexicanos y latinoamericanos que están residiendo allí sin papeles? La realidad es que no. Los quieren como mano de obra barata. Lo mismo que sucedía aquí. Un inmigrante con documentación tiene derechos y está en condiciones de reclamar condiciones normales de trabajo”, analiza uno de los máximos responsables de la Dirección Nacional de Migraciones.