La crisis sacude a la Unión Europea hasta los cimientos. Para varios países la soga de la deuda pública se cierra sobre ellos y están asfixiados por los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, las instituciones financieras responsables de la crisis se enriquecen y especulan sobre las deudas de los Estados. La patronal aprovecha la situación para lanzar una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.
La reducción del déficit público no debe hacerse reduciendo los gastos sociales públicos, sino luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los más ricos. Para reducir el déficit, también es necesario reducir los gastos de armamento, así como otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, especialmente para amortiguar los efectos de la depresión económica. Pero más allá hay que considerar esta crisis como una posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá romper con el productivismo, incluir la cuestión ecológica, erradicar las diversas formas de opresión [racial, patriarcal, etc.] y promover los bienes comunes.
Para eso es necesario construir un frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerza favorable a soluciones radicales centradas en la justicia social y climática. Desde agosto de 2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas relativas a la actual crisis europea. El elemento central es la necesidad de proceder a la anulación de la parte ilegítima de la deuda pública. Para ello, CADTM recomienda una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano. Dicha auditoría deberá combinarse con la suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública. El objetivo es llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.
La reducción drástica de la deuda pública es una condición necesaria pero insuficiente para sacar a los países de la Unión Europea de la crisis. Hay que completarla con toda una serie de medidas.
1. Realizar una auditoría de la deuda pública para anular la parte ilegítima.
Una parte importante de la deuda pública de los Estados de la Unión Europea es ilegítima porque es el resultado de una política deliberada de gobiernos que decidieron privilegiar a la clase capitalista, y a otros sectores favorecidos, en detrimento del resto de la sociedad. La rebaja de impuestos sobre las rentas altas de las personas físicas, sobre sus patrimonios y los beneficios de las empresas privadas, han llevado a los poderes públicos a incrementar la deuda pública para cubrir el agujero producido por esa rebaja. Así, dichos poderes públicos han aumentado la carga impositiva sobre los hogares modestos que constituyen la mayoría de la población. A eso hay que añadir, desde 2007-2008, el rescate de las instituciones financieras privadas, responsables de la crisis, que ha costado muy caro a las finanzas públicas y ha hecho estallar la deuda pública. La disminución de los ingresos provocada por la crisis que han causado las instituciones financieras privadas, una vez más se ha tenido que cubrir con préstamos masivos. Ese marco general señala claramente la ilegitimidad de una parte importante de las deudas públicas. A eso se añade, en cierto número de países sometidos al chantaje de los mercados financieros, otras fuentes evidentes de ilegitimidad. Las nuevas deudas contraídas a partir de 2008 se han asumido en un contexto en el que los banqueros [y otras instituciones financieras privadas] utilizan el dinero conseguido de los bancos centrales a tipos de interés bajos para especular y obligar a los poderes públicos a aumentar las remuneraciones que éstos tienen que reembolsar. Además en países como Grecia, Hungría, Letonia, Rumania o Irlanda, los préstamos concedidos por el FMI se han combinado con condiciones que constituyen una violación de los derechos económicos y sociales de las poblaciones. Con el agravante de que esas condiciones, una vez más, favorecen a los banqueros y a las demás instituciones financieras. También por estas razones son ilegítimas. Finalmente, en algunos casos se ha hecho burla de la voluntad popular: por ejemplo, mientras que en febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses votó contra los partidos que hicieron regalos a los bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva coalición gubernamental continúa grosso modo la misma política que sus predecesores. Más generalmente, en algunos países se asiste a la marginación del poder legislativo en beneficio de una política de hechos consumados impuesta por el poder ejecutivo que pasa los acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A continuación el poder ejecutivo presenta al Parlamento ese acuerdo «lo tomas o lo dejas», que llega incluso a organizar un debate sin votación en asuntos de primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a transformar el órgano legislativo en una oficina de registro se refuerza.
En ese inquietante contexto, sabiendo que antes o después una serie de Estados se enfrentará al riesgo concreto de la imposibilidad de pagar por falta de liquidez y que el reembolso de una deuda ilegítima es inaceptable por principios, conviene pronunciarse claramente por la anulación de las deudas ilegítimas. Anulación cuyo coste debe recaer sobre los culpables de la crisis, a saber, las instituciones financieras privadas.
Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los países de Europa del Este [y los de fuera de la Unión Europea, como Islandia], es decir, los países que están sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta propuesta se hace popular en los países más afectados por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en Dublín, en una encuesta de opinión realizada por teléfono a cerca de 500 personas, el 57% de los irlandeses preguntados se pronunció a favor de la suspensión del pago de la deuda [«default» en inglés] más que por la ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default ! say the people» [el pueblo por la suspensión del pago] titulaba el Sunday Independent, principal diario de la isla. Según el CADTM, ese tipo de moratoria unilateral debe unirse a la realización de una auditoría de los préstamos públicos [con participación ciudadana]. La auditoría debe permitir que se aporten al gobierno y a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para la anulación/repudio de la parte de la deuda identificada como ilegítima. El derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para ese tipo de acción soberana unilateral de anulación/repudio.
A los países que recurran a la suspensión del pago, con la experiencia sobre la cuestión de la deuda de los países del sur, el CADTM pone en guardia con respecto a una medida insuficiente, una simple suspensión del reembolso de la deuda, que puede revelarse contraproducente. Hay que hacer la moratoria sin añadido de intereses de demora sobre las sumas no reembolsadas.
En otros países como Francia, Gran Bretaña o Alemania, no es imperativo decretar una moratoria unilateral durante la realización de la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí con el fin de determinar la amplitud de la anulación/repudio a la que habrá que proceder. En caso de deterioro de la coyuntura internacional la suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria incluso para los países que se creen a salvo del chantaje de los prestamistas privados.
La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Esta comisión de auditoría deberá estar compuesta especialmente por los diferentes órganos del Estado afectados, así como por auditores expertos de las finanzas públicas, economistas, juristas, constitucionalistas, representantes de los movimientos sociales… y permitirá determinar las distintas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con respecto a la auditoría, será necesario constituir una comisión ciudadana de auditoría sin participación gubernamental.
En cualquier caso es legítimo que las instituciones privadas y las personas físicas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas asuman el coste de la anulación de deudas soberanas ilegítimas, ya que son ampliamente responsables de la crisis de la cual, por añadidura, se beneficiaron largamente. El hecho de que deban asumir el coste de la anulación no es más que una justa vuelta hacia una mayor justicia social. Es importante elaborar un registro de los propietarios de títulos con el fin de indemnizar a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas y medias que haya entre ellos.
Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a sus autores a pagar las reparaciones y no permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que exigir justicia contra las autoridades que pusieron en marcha los préstamos ilegales.
En cuanto a las deudas que no están afectadas de ilegitimidad, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de los tipos de interés, así como una ampliación del período de reembolso. También seria conveniente efectuar una discriminación positiva a favor de los pequeños propietarios de títulos de la deuda pública que convendría reembolsar normalmente. Por otra parte, el montante de la parte del presupuesto del Estado destinado al reembolso de la deuda deberá limitarse en función de la situación de la economía, de la capacidad de reembolso de los poderes públicos y del carácter irreducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo con Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana, que consistía, en particular, en reducir el 62% del stock de la deuda, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5% (2). Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado. También hay que adoptar un marco legal para evitar que se repita la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegales…
2. Detener los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis.
De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de los países europeos han optado por imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con claros recortes en el gasto público: jubilaciones en la función pública, congelación e incluso rebaja de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a algunos servicios públicos vitales y de protección social, retraso de la edad de jubilación. A la inversa las empresas públicas reclaman –y obtienen- un aumento de sus tarifas mientras que el coste del acceso a la sanidad y la educación también se revisa al alza. Crece el recurso a la subida de impuestos indirectos particularmente injustos, en especial el IVA. Las empresas públicas del sector competente se privatizan masivamente. Las políticas de austeridad que se ponen en práctica se están empujando a un nivel nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. De esta forma los efectos de la crisis se duplican por los presuntos remedios que se dirigen sobre todo a proteger los intereses de los propietarios de capitales. En resumen, ¡los banqueros beben, los pueblos pagan!
Pero los pueblos cada vez toleran menos la injusticia de esas reformas caracterizadas por una amplia regresión social. En términos relativos son los trabajadores, los parados y las familias más modestas quienes más tienen que contribuir para que los Estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas las mujeres ocupan el primer puesto, ya que la actual organización de la economía y la
sociedad patriarcal hace que caigan sobre ellas los desastrosos efectos de la precariedad, del trabajo parcial y mal pagado. Afectadas directamente por la degradación de los servicios sociales públicos, ellas pagan un precio muy alto. La lucha para imponer otra lógica es indisociable de la lucha por el respeto total de los derechos de las mujeres.
3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos.
Desde 1980 no han dejado de bajar los impuestos directos sobre las rentas más elevadas y las grandes empresas. Así en la Unión Europea, de 2000 a 2008, las tasas superiores del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades bajaron respectivamente 7 y 8,5 puntos. Esos cientos de miles de millones de euros de regalos fiscales se orientaron esencialmente hacia la especulación y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.
Hay que diseñar una reforma profunda de la fiscalidad con el objetivo de la justicia social [reducir al mismo tiempo las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población] armonizándola en el plano europeo con el fin de impedir el dumping fiscal (3). Se trata de aumentar los ingresos públicos, especialmente por medio del impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas [la tasa marginal sobre el tramo más elevado de renta debe llevarse al 90% (4)], el impuesto sobre el patrimonio a partir de cierto montante y el impuesto de sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una rápida rebaja del precio del acceso a los bienes y servicios de primera necesidad [alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transporte público, material escolar…] especialmente por una reducción fuerte y concreta del IVA de dichos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente gravando de forma disuasiva a las industrias contaminantes.
La Unión Europea debe adoptar una tasa sobre las transacciones financieras, especialmente sobre los mercados de intercambios, con el fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos.
Los diferentes G20, a pesar de sus declaraciones de intenciones, en realidad se han negado a atacar a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla para luchar contra los paraísos fiscales [que todos los años hacen perder a los países del norte, y también a los del sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones], consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un importe equivalente. Además hay que erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco.
El fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y actúa contra el empleo. Los medios públicos consecuentes deben ponerse al servicio del ministerio de finanzas para luchar eficazmente contra ese fraude. Los resultados deben hacerse públicos y sancionar severamente a los culpables.
4. Poner en orden los mercados financieros, en especial por la creación de un registro de los propietarios de títulos, por la prohibición de las ventas a descubierto y la especulación en una serie de sectores. Crear una agencia pública europea de calificación.
La especulación a escala mundial representa varias veces el total de las riquezas producidas en el planeta. Los sofisticados montajes de la mecánica financiera la vuelven totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita alteran la estructura de la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la norma. Para gravar a los acreedores en el origen, es necesario identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe acabar y se debe prohibir la especulación en toda una serie de sectores. Es conveniente prohibir la especulación con los títulos de la deuda pública, con las divisas y con los alimentos (5). También se deben prohibir las ventas a descubierto (6) y los Credit Default Swaps se deben regular estrictamente. Hay que cerrar los mercados de contratación directa de productos derivados, que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y vigilancia.
El sector de las agencias de calificación también debe reformarse y enmarcarse estrictamente. Lejos de una herramienta de evaluación científica objetiva, esas agencias son, estructuralmente, partes interesadas de la globalización neoliberal y en varias ocasiones han desencadenado repeticiones de catástrofes sociales. En efecto, la rebaja de la nota de un país implica una subida de los tipos de interés sobre los préstamos que se le han concedido. En consecuencia la situación económica del país en cuestión se deteriora todavía más. El comportamiento borreguil de los especuladores multiplica las dificultades encontradas que pesarán todavía más duramente sobre las poblaciones. La marcada sumisión de las agencias de calificación a los medios financieros estadounidenses las convierte en actores principales a nivel internacional, y su responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de la crisis no ha sido suficientemente aclarada por los medios de comunicación. La estabilidad económica de los países europeos se ha dejado en manos de esas agencias de calificación, sin protección, sin medios serios de control por parte de los poderes públicos. Es imprescindible la creación de una agencia pública de calificación para escapar de este callejón sin salida.
5. Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano .
Tras decenios de desviaciones financieras y privatizaciones ya es hora de pasar el sector crediticio al dominio público. Los Estados deben recuperar su capacidad de controlar y
orientar la actividad económica y financiera. También deben contar con instrumentos para realizar inversiones y financiar el gasto público reduciendo al mínimo el endeudamiento con instituciones financieras privadas y/o extranjeras. Hay que expropiar los bancos, sin indemnización, y transferirlos al sector público bajo control ciudadano.
En algunos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el Estado debido a las deudas puedan haber acumulado. El coste en cuestión debe recuperarse del patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las empresas privadas que son accionistas de los bancos y que los llevaron al abismo mientras obtenían jugosos beneficios, son propietarias de una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Debe hacerse, pues, una punción en el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo la socialización de las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático. La forma en que se efectuó la nacionalización del Allied Bank irlandés es inaceptable. Hay que aprender de eso.
6. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980.
Una característica de los últimos treinta años ha sido la privatización de muchas empresas y servicios públicos. Desde los bancos al sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, la energía y el transporte, los gobiernos han entregado al sector privado gran parte de la economía, perdiendo al mismo tiempo toda la capacidad de regularla. Esos bienes públicos, procedentes del trabajo colectivo, deben volver al sector público. Se trata de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población para responder, en particular, a la problemática del cambio climático, por ejemplo con la creación de un servicio público de aislamiento térmico de las viviendas.
7. Reducir drásticamente las horas de trabajo para crear empleos y aumentar los salarios y las pensiones.
Distribuir de otra forma la riqueza es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza creada destinada a los trabajadores se ha reducido considerablemente desde hace varios decenios mientras los acreedores y las empresas han aumentado sus beneficios para dedicarlos la especulación. El aumento de los salarios no sólo permite que las personas vivan con dignidad, sino que también fortalece los medios utilizados para financiar la protección social y las pensiones.
Al reducir el tiempo de trabajo sin menguar los salarios y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores y se proporciona empleo a aquéllos que lo buscan. La reducción radical del tiempo de trabajo también ofrece la oportunidad de practicar un ritmo de vida diferente, una forma diferente de vivir en sociedad alejándonos del consumismo. El tiempo ganado para el ocio permitirá una mayor participación activa de las personas en la vida política, en el fortalecimiento de la solidaridad, en actividades de voluntariado y en la creatividad cultural.
8. Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad.
Varias disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la eurozona y el BCE deben derogarse. Por ejemplo, es necesario eliminar los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que prohíben cualquier control de los movimientos de capitales y cualquier ayuda a un Estado en dificultades. También hay que abandonar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y más allá, es necesario sustituir los tratados actuales por otros nuevos en el marco de un genuino proceso constituyente democrático para alcanzar un pacto de solidaridad de los pueblos a favor del empleo y la ecología.
Se debe revisar por completo la política monetaria así como la normativa y las prácticas del Banco Central Europeo. La incapacidad del poder político de obligar al BCE a emitir dinero es un obstáculo muy grave. Con la creación del BCE como entidad por encima de los gobiernos y de los pueblos, la UE tomó una decisión desastrosa, la del someter a los seres humanos a las finanzas y no a la inversa.
Mientras que muchos movimientos sociales denunciaron los rígidos y profundamente inadecuados estatutos, el BCE se ha visto obligado a cambiar de opinión en lo más álgido de la crisis modificando con urgencia el papel que le había sido asignado. Por desgracia el BCE accedió a hacerlo por razones equivocadas: no porque se tuvieran en cuenta los intereses de los pueblos, sino para preservar los de los acreedores. Es la prueba evidente de que hay que barajar y repartir las cartas de nuevo. El BCE debe tener el poder de financiar directamente a los Estados que desean lograr los objetivos sociales y medioambientales que integran perfectamente las necesidades básicas de la población.
En la actualidad, actividades económicas muy diferentes, como la inversión en la construcción de un hospital o un proyecto puramente especulativo, se financian de manera similar. El poder político debe, al menos plantearse, imponer costes muy diferentes a unos y otros: los bajos tipos de interés se deben reservar para inversiones socialmente justas y ambientalmente sostenibles, mientras que las tasas muy altas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exige, deben aplicarse a las operaciones de tipo especulativo siendo también deseable que pura y simplemente se prohíban en ciertos sectores.
Una Europa basada en la solidaridad y la cooperación debe dar la espalda a la competencia y la rivalidad que nivelan «por abajo». La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y ha revelado su fracaso. Dicha lógica ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleo, menos servicios públicos. Los que se han beneficiado de esta crisis lo han hecho pisoteando los derechos de la mayoría. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que subyace en todos los textos fundadores de la Unión Europea, comenzando por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debe atacarse directamente: no se puede sostener. El objetivo prioritario debe ser otra Europa basada en la cooperación entre los Estados y la solidaridad entre los pueblos. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales no deben ser uniformes, ya que las economías europeas presentan grandes diferencias, pero hay que coordinarlas para que finalmente surja una nivelación «por arriba». Hay que imponer políticas globales a escala europea que incluyan inversiones públicas masivas para la creación de empleo público en áreas claves [de los servicios comunitarios a las energías renovables, de la lucha contra el cambio climático a los sectores sociales básicos].
Esta otra Europa democratizada debe, según el CADTM, trabajar para imponer principios no negociables: el fortalecimiento de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a elevar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes, el desarme y la reducción radical del gasto militar [incluida la retirada de las tropas europeas de Afganistán y la salida de la OTAN], optar por energías sostenibles sin recurrir a la nuclear, rechazo de los organismos modificados genéticamente [OGM]. También debe acabar resueltamente con su política de fortaleza sitiada frente a los inmigrantes y convertirse en un socio justo y verdaderamente solidario con los pueblos del Sur del planeta.
